Por Agustín Arechavala

En una Argentina donde la credibilidad de la dirigencia política suele estar bajo permanente cuestionamiento, hay nombres que conservan un respeto transversal. Roberto Lavagna es uno de ellos.

Podrán discutirse sus decisiones como ministro de Economía, sus candidaturas presidenciales o sus posiciones políticas, pero difícilmente alguien lo ubique dentro de la categoría de los dirigentes oportunistas o de los funcionarios que modifican su discurso según la conveniencia del momento.

Por eso su declaración en el juicio vinculado a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas tuvo una repercusión particular.

La situación resulta llamativa porque la referencia a los sobreprecios surgió a partir de una pregunta formulada por el propio Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo parecía orientado a descartar la existencia de direccionamientos en favor de determinados empresarios.

Sin embargo, la respuesta tomó otro camino.

Lavagna sostuvo que durante aquellos años existían márgenes de sobreprecios en la obra pública que rondaban el 20% e incluso podían ser superiores. Una afirmación que rápidamente ocupó los principales títulos periodísticos por provenir de quien fuera ministro de Economía durante parte de ese período político.

Naturalmente, corresponde recordar que los procesos judiciales siguen en trámite y que las responsabilidades definitivas sólo pueden surgir de resoluciones firmes. Pero también es cierto que la declaración vuelve a colocar en el centro de la escena un debate que acompaña a la Argentina desde hace décadas: la transparencia en las contrataciones públicas.

Porque cuando se habla de sobreprecios no se discute únicamente un porcentaje.

- Se discute quién controla.

- Se discute quién audita.

- Se discute cómo se seleccionan los oferentes.

- Y se discute si el Estado cuenta con herramientas suficientes para detectar desvíos antes de que el dinero público sea comprometido.

Las experiencias internacionales muestran que los mayores escándalos vinculados a la obra pública rara vez se explican por una sola decisión irregular. Generalmente aparecen asociados a mecanismos de cartelización, falta de competencia real entre oferentes, controles deficientes o sistemas que terminan favoreciendo a determinados actores económicos.

Por eso la discusión excede ampliamente a cualquier gobierno, partido político o expediente judicial.

La verdadera pregunta es si Argentina ha aprendido algo de las causas que marcaron los últimos veinte años.

Los controles previos, la transparencia de las licitaciones, la publicidad de los procedimientos y la independencia de los organismos de auditoría no son obstáculos burocráticos. Son herramientas destinadas a proteger recursos que pertenecen a todos los contribuyentes.

La declaración de Lavagna probablemente seguirá generando repercusiones políticas y judiciales.

Pero, más allá de la disputa partidaria, deja una enseñanza institucional difícil de ignorar: cuando los controles fallan, los costos siempre terminan siendo pagados por la sociedad.

Y cuando se trata de dinero público, un 20% nunca es solamente un número.

Es una señal de alerta que merece ser tomada en serio.