¿Pagar por transitar o transitar para pagar? El dilema de la Ruta 6 frente a la lupa de la Justicia
Por Agustín Arechavala
La instalación de los nuevos puntos de cobro electrónico —sin cabinas tradicionales y con sistema TelePASE— en el corredor de la Ruta Provincial 6, afectando directamente a tramos clave que conectan San Vicente, Cañuelas y General Las Heras, reabrió una de las discusiones más álgidas y recurrentes de la infraestructura vial bonaerense.
El interrogante que se instala de inmediato entre vecinos, transportistas y automovilistas es tan simple como filoso: ¿Qué es primero? ¿La calidad y el servicio o el cobro de una gabela que muchos ya catalogan como un impuesto encubierto?
La realidad del asfalto: circular entre baches y la urgencia de la seguridad
Poner la lupa sobre el estado actual de la Ruta 6 desvía rápidamente el eje de cualquier justificación fiscal.
Quienes circulan a diario por el corredor no se enfrentan precisamente a una autopista de primer nivel, sino a una postal repetida de desidia: tramos enteros completamente a oscuras, baches que ponen en riesgo la suspensión y la vida de los conductores, señalización deficiente, banquinas intransitables o inexistentes, y un diseño crítico en las salidas e ingresos hacia las arterias laterales.
Frente a este escenario, la pregunta lógica es ¿quién debe ocuparse? En principio, el Estado. Y la percepción generalizada —respaldada por la lógica presupuestaria— es que los recursos públicos existen.
Si se administraran con eficiencia, transparencia y un plan estratégico real, el mantenimiento de la autovía debería garantizar un estándar mínimo de transitabilidad segura.
Sin embargo, la respuesta crónica de los funcionarios de turno suele ser invariable: el presupuesto no alcanza, los fondos son insuficientes y, por lo tanto, se vuelve imperioso instrumentar el peaje. Es allí donde el círculo vicioso se cierra y el automovilista se siente rehén de una ecuación injusta: se le cobra por adelantado por circular en condiciones deficientes.
El péndulo de la Corte Suprema: del "Servicio en Comisión" al fallo garantista
Este debate sobre la legitimidad del cobro no es meramente político; tiene una profunda raigambre constitucional y jurídica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha abordado a lo largo de los años con criterios disímiles.
La doctrina histórica ("Servicio en Comisión"): En su jurisprudencia clásica, el Máximo Tribunal avaló la naturaleza del peaje bajo el concepto de financiar la creación, habilitación o construcción futura de la infraestructura. Bajo esta lectura administrativista, el Estado podía instrumentar el cobro como un mecanismo de aportes previos para formar el servicio. En criollo: primero pagame el peaje, que en algún momento te armo la ruta.
El nuevo paradigma (El servicio de calidad previo): Las reglas del juego cambiaron drásticamente con la evolución jurisprudencial, consolidada en fallos que se estudian en las universidades y la posterior doctrina sobre el vínculo vial. La Corte Suprema abandonó la vieja excusa fiscal y determinó que la relación entre el concesionario (o el Estado concedente) y el usuario constituye una relación de consumo (amparada por el artículo 42 de la Constitución Nacional).
Bajo este criterio actual y garantista, la ecuación se invierte de raíz: para que el cobro del peaje sea legítimo, el servicio debe brindarse de manera previa, efectiva y en condiciones óptimas de calidad y seguridad.
El automovilista no paga un impuesto al tránsito; paga una contraprestación proporcional a un servicio real y seguro. Si la ruta es insegura, oscura y está llena de pozos, el cobro pierde su sustento legal y moral.
Conclusión: Entre la caja recaudadora y la irritación social
Poco le gustará al Sr. Gobernador, pero eso nos tiene sin cuidado, ya lo hemos enfrentado en los estrados judiciales por cuestiones tributarias.
Lo que nos importa; hoy mientras los ministros y administradores defienden la necesidad de la recaudación para sostener los corredores viales, la temperatura social en los distritos involucrados va en aumento.
Los vecinos y usuarios experimentan una profunda irritación al percibir que se les exige una erogación económica inmediata a cambio de promesas de obras futuras, mientras los amortiguadores se rompen hoy y la seguridad vial sigue brillando por su ausencia.
La polémica está planteada sobre el asfalto y en los estrados judiciales. La gran pregunta que queda flotando, ahora que conocemos qué exige la Justicia, es si las autoridades locales y provinciales ajustarán sus prioridades a la ley o si seguiremos pagando por circular a ciegas.